Según Nívea Vélez, asambleísta por Loja, son
aproximadamente 40 mil servidores públicos en todo el país que serán obligados
a dejar su trabajo. Esto en aplicación del famosos decreto ejecutivo 812,
dictado por el gobierno de Rafael Correa.
Por su parte los servidores despedidos, han recurrido a
la administración de justicia para interponer la acción de protección,
pretendiendo ser restituidos en sus puestos. El argumento de los despedidos es
que se estaría vulnerando sus derechos constitucionales al obligarlos a
abandonar su trabajo.
Hasta el momento ya están despedidos 2000 servidores y de
acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, muy pronto se notificará a otro
grupo en el país. El plan es que hasta diciembre de este año salgan 3 700
servidores de las instituciones públicas. A esta cifra se sumarían los 1 100
que se espera se acojan a la jubilación voluntaria.
Dictadura
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