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martes, 28 de agosto de 2012

Zamora: se detuvo infractores en la carretera

Nueve conductores fueron detenidos por infringir la ley de transito; exceso de velocidad y por conducir en estado etílico en Zamora Chinchipe,  según informó la Jefatura de Tránsito de la Policía Nacional. 

El jefe de Tránsito, Darwin Briones, dijo que realizaron 10 operativos de transito en curvas y rectas de las vías principales de la provincia, durante la mañana, tarde del reciente feriado.

Entre los detenidos están dos conductores de buses de transporte público, entre ellos de una cooperativa Loja y Yantzaza, un conductor de cabezal (trailer) y los demás conductores fueron de vehículos entre taxis y camionetas de uso particular que excedieron los límites de velocidad,  indicó Briones.

Varios de los conductores detenidos salieron ayer y otros tendrán la libertad hoy, sin embargo dijo que existe hacinamiento en el calabozo del Comando de Policía y las condiciones en las que cumplen la sentencia los detenidos no son las mejores, se informó.

De esta forma, los conductores detenidos tienen tres días de cárcel, 10 puntos menos en la licencia de conducir y una multa equivalente a un salario básico unificado (292 dólares).

En este caso, los rangos de velocidad excedidos por los conductores detenidos fueron: los vehículos livianos en zona urbana 50 km/h, perimetral 90 km/h, rectas en carreteras 100 km/h, curvas en carreteras 60 km/h; los vehículos de transporte público no deben exceder en zona urbana los 40km/h, perimetral, 70km/h, rectas en carreteras 90km/h, curvas en carreteras 50 km /h y los vehículos de carga en zona urbana 40 km/h, perimetral 70 km/h, rectas en carreteras 70 km/h y curvas en carretera 40 km/h.

sábado, 25 de agosto de 2012

América tiene los más altos índices de criminalidad y violencia


Adital.- A fin de demostrar la necesidad de cambios en las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó el informe "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". El documento llama la atención sobre el hecho de que la actuación de los gobiernos debe modificarse a fin de priorizar la prevención contra la criminalidad y la violencia en detrimento de las políticas que violan los derechos de las poblaciones.

De acuerdo con el informe, es en las Américas donde se encuentran los más altos índices de criminalidad y violencia. Tomando como ejemplo la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes, índice bastante utilizado para medir el nivel de violencia de una sociedad, la CIDH revela que los países del Caribe presentan un índice de 30/100.000, América del Sur 26/100.000, y América Central 22/100.000. Mientras tanto, en Europa se registró la tasa de 8.9/100.00, en el Sudeste Asiático 5,8/100.000 y en el Pacífico Occidental sólo 3,4/100.000.

Otro dato preocupante es que entre los más afectados por la violencia están los jóvenes con edades de entre 15 y 29 años. En esa faja etaria, la tasa de homicidios sube hasta el alarmante índice de 68,9/100.000. Estipulando por clases sociales, entre los jóvenes de familias más acomodadas, los índices caen a 21,4/100.000, en las clases media y baja la tasa sube a 87,9/100.000. Esta tendencia es universal.

El informe revela que debido a los altos índices de criminalidad y violencia la seguridad ciudadana se convirtió en una de las principales demandas de la sociedad a los gobiernos, que tienen la obligación de dar una respuesta positiva y de carácter legal. "Los Estados deben encontrar respuestas a los problemas derivados de la violencia en el marco de las herramientas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la vigencia del Estado de Derecho como pilares básicos para la superación de la pobreza y el pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas".

El informe destaca la resolución de los problemas dentro de las normas legales, pues muchas políticas de seguridad ciudadana implementadas, sobre todo en las Américas, se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera ilegal y arbitraria. Políticas como las basadas en el incremento de la presión punitiva, en la reducción de las garantías procesales, y en la reducción de la edad penal demostraron ser ineficaces y violadoras de los derechos humanos.

A fin de transformar la realidad de las Américas en lo que respecta a la criminalidad y violencia, la CIDH hace un listado de una serie de recomendaciones a los gobiernos. Entre ellas, se encuentra la necesidad de "asumir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño de políticas públicas integrales". También se sugiere la adecuación de las normas internas y del aparato estatal para asegurar a gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana.

Además, por medio del informe se sugiere específicamente acciones como combate de la impunidad, creación de planes y programas de prevención de la violencia y de la criminalidad, profesionalización de la policía, capacitación de funcionarios del Estado que actúan directamente con las víctimas de la violencia, atención especializada de las víctimas con infraestructura y atención adecuada, entre otras acciones de esencial importancia.

El informe de la CIDH termina llamando a los Estados a asumir la responsabilidad de garantizar la vida y promover la seguridad ciudadana, a fin de permitir que las poblaciones puedan "vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y por el delito".

lunes, 20 de agosto de 2012

REPERCUSIONES DEL ASILO POLÍTICO A ASSANGE


Por: Silvia Arana

Quito.- A nivel internacional, todavía se sienten las repercusiones del asilo político otorgado por Ecuador a Julian Assange, algo excepcional en un mundo donde nadie recuerda la noticia de ayer.

La decisión del gobierno ecuatoriano de aceptar la petición de asilo de Assange basándose en la falta de garantías de justicia para el fundador de WikiLeaks, incluso horas antes de concretarse, tuvo la virtud de generar una reacción desmesurada del gobierno de Gran Bretaña, que sobrepasando cualquier normativa diplomática envió una notificación amenazando con entrar por la fuerza en la sede diplomática de Ecuador en Londres para arrestar a Assange. Este exabrupto, en América Latina y bajo la sombra de Malvinas, fue inmediatamente rotulado de colonialista. Fue un catalizador para unir en torno al gobierno de Ecuador a todos los países de la región. El gobierno del Presidente Correa recibió el respaldo de los dos organismos latinoamericanos más poderosos: ALBA y UNASUR. De al menos una de estas instituciones forman parte Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y otros países de la región. Adelantándose a las reuniones que ambas organizaciones tendrán este fin de semana en Guayaquil para emitir una declaración de solidaridad con Ecuador, varios cancilleres de la región ya han manifestado su repudio a la postura de Gran Bretaña de amenazar con irrumpir en la sede diplomática de Ecuador.

El Departamento de Estado de EE.UU. respondió al anuncio oficial de la Cancillería ecuatoriana diciendo que “no reconoce el concepto de asilo como parte de la ley internacional” porque EE.UU. no es signatario de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Agregaron que este no es un asunto que involucre a la OEA, aunque los demás países miembros de la OEA piensen lo contrario. Afirmaron una vez más que EE.UU. no va a intervenir en el caso Assange.

La reiteración de “nosotros no tenemos nada que ver” no logra ser convincente. Demasiadas declaraciones de funcionarios y legisladores estadounidenses amenazando a WikiLeaks y a Assange con la cárcel de por vida y hasta con la pena de muerte han sido ampliamente difundidas por la prensa mundial. La razón fundamental por la que la defensa del Julian Assange considera que su cliente no puede aceptar la extradición a Suecia es porque desde allí Assange sería entregado a EE.UU. Que EE.UU. ha iniciado un juicio secreto para juzgar a Assange por espionaje y traición no es una mera especulación. Según afirma el abogado defensor de Assange, Michael Ratner (presidente emérito del internacionalmente reconocido Center for Constitutional Rights):

 1) Un gran jurado de Alexandria, Virginia, formado para investigar violaciones al Acta de Espionaje, ha incluido entre los testimonios mensajes de Twitter referidos a Assange y WikiLeaks.

2) Un agente del FBI, testigo en el caso del soldado detenido Bradley Manning dijo que los “fundadores, dueños y administradores” de WikiLeaks son objeto de investigación; y

3) El FBI ha compilado una ficha con 42.135 páginas sobre Assange.

En este contexto, los temores de Assange a ser extraditado, encarcelado y privado de todo derecho a una defensa justa en EE.UU. son considerados razonables. Y de la misma manera, la decisión de Ecuador de otorgarle asilo, es considerada una decisión humanitaria e inscripta en el marco legal delineado por el derecho internacional regulado por la Convención de Viena.

A partir de este contexto, surge una situación inédita:

Un país de América Latina se erige como defensor de los derechos humanos de un individuo frente al accionar de dos países europeos, Gran Bretaña y Suecia, que se niegan a darle garantías de que no será extraditado a Estados Unidos. Qué paradoja que una nación que hasta hace muy poco fuera catalogada como “república bananera” hoy proteja a un ícono de la libertad de expresión de la persecución de Estados Unidos.

El gobierno de Correa al otorgarle el asilo político a Assange ha abierto un frente internacional de oposición ética/moral al eje Gran Bretaña-Estados Unidos. Esta actitud de rebelión ha generado cierto estupor en los países del Norte. Aún no creen lo que han escuchado.

De la misma manera, la oposición interna a Correa, aún no ha logrado asimilar esta postura soberana frente al socio comercial más importante de Ecuador, Estados Unidos. Empresarios y ex cancilleres, entre otras figuras, han hecho las consabidas declaraciones a The Guardian, The Economist, El Comercio, etc. alertando sobre los riesgos que corre Ecuador al oponerse a los designios de Europa y Estados Unidos.

Estos llamados a la cordura, al menos en los dos días posteriores al anuncio de asilo político a Assange, han sido opacados por el impacto de la decisión gubernamental.

Esto quedó demostrado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Con 73 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra, el parlamento ecuatoriano respaldó la decisión del Ejecutivo de otorgarle asilo al creador de WikiLeaks y rechazó enérgicamente la amenaza británica de irrumpir en la sede diplomática por atentar contra la soberanía de Ecuador.

En las calles de Quito, el denominador común es la proverbial cautela de los quiteños. No se percibe a primera vista ni entusiasmo por la decisión de otorgarle el asilo a Assange ni rechazo. Sin embargo, todos siguen con mucha atención cada uno de los reportes sobre la reacción internacional. En las radios, en la televisión, en la prensa escrita, se reporta minuciosamente la reacción de cada gobierno y de cada medio internacional. La gente escucha con atención como si les costara creer que su gobierno haya creado tal conmoción internacional. Y que no sea por el precio del petróleo, ni del banano, ni por los conflictos con el tráfico de drogas en relación con la vecina Colombia. Algunos abandonan su reserva y manifiestan su orgullo como nación soberana. Otros callan.

viernes, 3 de agosto de 2012

La Organización Internacional del Trabajo solicita al Gobierno de Ecuador reintegrar a sus puestos de trabajo a trabajadores despedidos.


ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT.- REUNIÓN 313 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN DEL INFORME 363 DEL INFORME DEL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL

SÍNTESIS CASO 2684: QUEJA CONTRA EL GOBIERNO DEL ECUADOR PRESENTADA POR LA FETRAPEC, ISP, OSUNTRAMSA, FUT, CEOSL, CTE, CEDOCUT.

El despido intempestivo de los dirigentes sindicales de Petroecuador en junio de 2008, la revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público a partir de octubre, y la expedición de legislación contraria a la autonomía sindical y al derecho de negociación colectiva contenida en los mandatos constituyentes 02, 04 y 08 y la misma Constitución de 2008 motivó que la Federación Nacional de Trabajadores de Petroecuador – FETRAPEC presente, en diciembre de ese año, una queja ante la OIT en contra del Gobierno ecuatoriano que fue admitida a trámite por el Comité de Libertad Sindical y designada con el número de caso 2684. Posteriormente se adhirió la Internacional de Servicios Públicos - ISP y la Organización Sindical Única de los Trabajadores del Ministerio de Salud – OSUMTRAMSA.

Luego de la revisión y análisis a los documentos entregados por las organizaciones sindicales y las respuestas realizadas por el Gobierno, el Comité de Libertad Sindical en junio de 2009,  emitió el informe 354 que fue aprobado por el Consejo de Administración durante la Conferencia Internacional del Trabajo.

Del contenido de este informe sobre el caso 2684, se establece las violaciones a los términos de los convenios 87, sobre Libertad Sindical y Derecho de Sindicación; y 98, sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, que se venían produciendo en el Ecuador por iniciativa del Gobierno ecuatoriano y por la promulgación de legislación contraria a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores del sector público. Verificada esta situación, el Comité realizó duras observaciones al Gobierno y emitió 7 recomendaciones que principalmente están dirigidas a solicitar a las autoridades la anulación de la revisión unilateral de los contratos colectivos del los trabajadores del sector público, así como de los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que propiciaron esa revisión. Recomienda también que se restaure el derecho de negociación colectiva, porque su omisión afecta las condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores y que cualquier discrepancia sea resuelta a través del diálogo social y el acuerdo directo entre las partes, para arribar a soluciones compartidas; es decir no a través de la discrecionalidad e imposición gubernamental.

Continuando con el examen de este caso, en junio de 2009 el FUT y sus 3 confederaciones: CEDOCUT, CEOSL y CTE, presentaron una nueva queja por las mismas razones, que fue agregada al proceso del caso 2684 por el Comité de Libertad Sindical.

Posteriormente las organizaciones sindicales han ido aportando nuevas pruebas de las afectaciones a la Libertad Sindical en el Ecuador que dan cuenta de un proceso sistemático de violaciones que conducen peligrosamente no sólo a anular los derechos de negociación colectiva y huelga, sino el de sindicalización colocando en entre dicho  la existencia y sobrevivencia de las organizaciones en el sector público. En especial por la absurda clasificación de los trabajadores en servidores y obreros, porque a través de este división social del trabajo, únicamente los obreros, y eso de manera limitada y restringida, podrían tener acceso al ejercicio de derechos sindicales.

Con esta intención se promulgaron los decretos ejecutivos 1701 de abril de 2009 y 225 de enero de 2010. Este último utilizado por el Gobierno para hacerlo aparecer como ejemplo del diálogo con las centrales sindicales, y asumido, erróneamente, por ciertos dirigentes como la posibilidad de recuperar algunos derechos conculcados en el 1701; lo cual fue reseñado en una comunicación enviada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos del Sector Público y en otra de la FETRAPEC, en la que además se alerta sobre los despidos masivos arbitrarios en el sector público. Lo sostenido por estas organizaciones, se pudo confirmar luego con la comunicación enviada por el mismo FUT a la OIT en junio de 2010, en la que indica que se irrespetó lo convenido en el decreto 225 con la promulgación del acuerdo 080 de 30 de abril de 2010 del Ministerio de Relaciones Laborales, que fija los techos de negociación colectiva en forma irregular y discriminatoria.

Luego se expidieron las leyes orgánicas de Empresas Públicas (octubre de 2009) y de Servicio Público (septiembre de 2010), en cuyo contenido también se repiten los perjuicios descritos.

El informe recoge además la denuncia por violación al convenio colectivo que fue presentada por los trabajadores de PETROINDUSTRIAL que se acogieron al retiro voluntario;  y, otra de la CTE  por el visto bueno y acusación de sabotaje y terrorismo de 22 trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador con sede en Guayaquil, por el reclamo que realizaron por el cumplimiento de la contratación colectiva vigente.

De su parte el Gobierno, frente a los requerimientos de información realizados por la OIT, envió respuestas en comunicaciones de junio y diciembre de 2009 y octubre de 2010 en las que justifica todo lo actuado, respaldado supuestamente en su aceptación popular.

Frente a la afirmación del Gobierno y sus autoridades que las organizaciones sindicales de Petroecuador ya no existen porque hay una nueva empresa, El Comité le recuerda - lo cual es aplicable de manera general -, que en virtud del convenio 87 las organizaciones de trabajadores sólo pueden disolverse de manera voluntaria o por vía judicial; además cuestiona la retención indebida por parte de la Empresa de las cuotas sindicales de los trabajadores, que fueron enviadas luego al Ministerio de Relaciones Laborales y no a sus legítimos dueños, las organizaciones sindicales.

En su reunión 313 del 15 al 30 de marzo de 2012, el Consejo de Administración de la OIT aprobó el informe 363 elaborado por el Comité de Libertad Sindical en el que, en continuación al caso 2684 establece las siguientes recomendaciones:

a) El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se devuelvan de inmediato las cuotas sindicales a los trabajadores afiliados a la FETRAPEC y que le mantenga informado al respecto. Además, el Comité pide al Gobierno que promueva sin demora el inicio de discusiones entre la FETRAPEC y la empresa con miras a un reconocimiento de la organización sindical;

b) En relación con el despido de los cuatro dirigentes sindicales (Sres. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay y Diego Cano Molestina), el Comité pide al Gobierno que promueva el inicio de discusiones entre la FETRAPEC y la empresa con miras al reintegro de estos dirigentes. El Comité estima que la FETRAPEC, como organización representativa, tiene legitimidad para existir y representar a sus miembros. No obstante, el Comité considera también que los estatutos de esta organización no deberían ignorar la existencia de una nueva empresa pública y que dicha organización debería realizar elecciones sindicales teniendo en cuenta que ya no existen las cuatro filiales anteriores. Por último, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se devuelvan de inmediato las cuotas sindicales a los trabajadores y que le mantenga informado al respecto;

c) El Comité pide una vez más al Gobierno que anule los mencionados acuerdos ministeriales y sus efectos ya que violan gravemente el principio de negociación colectiva libre y voluntaria consagrado por el Convenio núm. 98, así como que indique si el Mandato Constituyente núm. 008 es compatible con un control exclusivamente judicial del carácter abusivo que puedan tener determinadas cláusulas de los contratos colectivos en el sector público;

d) El Comité pide al Gobierno que siga impulsando el diálogo con las organizaciones sindicales representativas y que le mantenga informado de la evolución de la situación, en particular de las reuniones con los representantes sindicales y de los trabajos del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). El Comité reitera además sus anteriores conclusiones y pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se anulen o modifiquen los mencionados acuerdos ministeriales y que le mantenga informado al respecto;

e) En relación con los alegados despidos masivos que tuvieron lugar en la empresa E.P. PETROECUADOR en 2009 y 2010, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora informaciones detalladas sobre estos alegatos y sus observaciones sobre el alegado carácter antisindical de los despidos;

f) Sin poner en cuestión los plazos límite y las reglas nacionales de prescripción mencionados por el Gobierno, el Comité destaca la importancia de las cuestiones planteadas — violación del convenio colectivo vigente e indemnización no conforme — y pide al Gobierno que promueva el diálogo entre la CTE y la empresa con miras a encontrar una solución a este conflicto, y

g) En relación con los alegados despidos de la unidad eléctrica de Guayaquil y los juicios penales en curso contra los trabajadores, el Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya respondido y le urge a que lo haga sin demora.