La criminalización de la protesta social

Preocupa en Ecuador a los sectores sociales el crecimiento de la criminalización de la protesta social y precisan que el presidente de la república mantiene interés directo en ello, quien tendría mayores posibilidades de incidir en la administración de justicia con la restructuración que se realizará a la corte en los próximos días.

Según manifiesta Decio Machado en su artículo titulado “llegar al gobierno o trasformar al Estado”, en el gobierno del presidente Correa cerca de 200 dirigentes indígenas son acusados injustamente de “sabotaje y terrorismo”, viéndose varios de ellos obligados a la clandestinidad.

Uno de los dirigentes sociales condenado por terrorismo fue Carlos Pérez, en la provincia de Azuay. Como consecuencia de ello, se ha generado últimamente una desmovilización de diversos sectores que tradicionalmente se encontraban protestando en las calles, notándose un evidente temor social por la represión.

“LA RAZÓN”