Por: Silvia
Arana
Quito.- A
nivel internacional, todavía se sienten las repercusiones del asilo político
otorgado por Ecuador a Julian Assange, algo excepcional en un mundo donde nadie
recuerda la noticia de ayer.
La
decisión del gobierno ecuatoriano de aceptar la petición de asilo de Assange
basándose en la falta de garantías de justicia para el fundador de WikiLeaks,
incluso horas antes de concretarse, tuvo la virtud de generar una reacción
desmesurada del gobierno de Gran Bretaña, que sobrepasando cualquier normativa
diplomática envió una notificación amenazando con entrar por la fuerza en la
sede diplomática de Ecuador en Londres para arrestar a Assange. Este exabrupto,
en América Latina y bajo la sombra de Malvinas, fue inmediatamente rotulado de
colonialista. Fue un catalizador para unir en torno al gobierno de Ecuador a
todos los países de la región. El gobierno del Presidente Correa recibió el
respaldo de los dos organismos latinoamericanos más poderosos: ALBA y UNASUR.
De al menos una de estas instituciones forman parte Brasil, Argentina,
Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y otros países de la
región. Adelantándose a las reuniones que ambas organizaciones tendrán este fin
de semana en Guayaquil para emitir una declaración de solidaridad con Ecuador,
varios cancilleres de la región ya han manifestado su repudio a la postura de
Gran Bretaña de amenazar con irrumpir en la sede diplomática de Ecuador.
El
Departamento de Estado de EE.UU. respondió al anuncio oficial de la Cancillería
ecuatoriana diciendo que “no reconoce el concepto de asilo como parte de la ley
internacional” porque EE.UU. no es signatario de la Convención sobre Asilo
Diplomático de 1954. Agregaron que este no es un asunto que involucre a la OEA,
aunque los demás países miembros de la OEA piensen lo contrario. Afirmaron una
vez más que EE.UU. no va a intervenir en el caso Assange.
La
reiteración de “nosotros no tenemos nada que ver” no logra ser convincente.
Demasiadas declaraciones de funcionarios y legisladores estadounidenses
amenazando a WikiLeaks y a Assange con la cárcel de por vida y hasta con la
pena de muerte han sido ampliamente difundidas por la prensa mundial. La razón
fundamental por la que la defensa del Julian Assange considera que su cliente
no puede aceptar la extradición a Suecia es porque desde allí Assange sería
entregado a EE.UU. Que EE.UU. ha iniciado un juicio secreto para juzgar a
Assange por espionaje y traición no es una mera especulación. Según afirma el
abogado defensor de Assange, Michael Ratner (presidente emérito del
internacionalmente reconocido Center
for Constitutional Rights):
1)
Un gran jurado de Alexandria, Virginia, formado para investigar violaciones al
Acta de Espionaje, ha incluido entre los testimonios mensajes de Twitter
referidos a Assange y WikiLeaks.
2) Un
agente del FBI, testigo en el caso del soldado detenido Bradley Manning dijo
que los “fundadores, dueños y administradores” de WikiLeaks son objeto de
investigación; y
3) El FBI
ha compilado una ficha con 42.135 páginas sobre Assange.
En este
contexto, los temores de Assange a ser extraditado, encarcelado y privado de
todo derecho a una defensa justa en EE.UU. son considerados razonables. Y de la
misma manera, la decisión de Ecuador de otorgarle asilo, es considerada una
decisión humanitaria e inscripta en el marco legal delineado por el derecho
internacional regulado por la Convención de Viena.
A partir de este contexto, surge una
situación inédita:
Un país
de América Latina se erige como defensor de los derechos humanos de un
individuo frente al accionar de dos países europeos, Gran Bretaña y Suecia, que
se niegan a darle garantías de que no será extraditado a Estados Unidos. Qué
paradoja que una nación que hasta hace muy poco fuera catalogada como
“república bananera” hoy proteja a un ícono de la libertad de expresión de la
persecución de Estados Unidos.
El
gobierno de Correa al otorgarle el asilo político a Assange ha abierto un
frente internacional de oposición ética/moral al eje Gran Bretaña-Estados
Unidos. Esta actitud de rebelión ha generado cierto estupor en los países del
Norte. Aún no creen lo que han escuchado.
De la
misma manera, la oposición interna a Correa, aún no ha logrado asimilar esta
postura soberana frente al socio comercial más importante de Ecuador, Estados
Unidos. Empresarios y ex cancilleres, entre otras figuras, han hecho las
consabidas declaraciones a The
Guardian, The Economist, El
Comercio, etc. alertando sobre los riesgos que corre Ecuador al
oponerse a los designios de Europa y Estados Unidos.
Estos
llamados a la cordura,
al menos en los dos días posteriores al anuncio de asilo político a Assange,
han sido opacados por el impacto de la decisión gubernamental.
Esto
quedó demostrado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Con 73
votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra, el parlamento
ecuatoriano respaldó la decisión del Ejecutivo de otorgarle asilo al creador de
WikiLeaks y rechazó enérgicamente la amenaza británica de irrumpir en la sede
diplomática por atentar contra la soberanía de Ecuador.
En las
calles de Quito, el denominador común es la proverbial cautela de los quiteños.
No se percibe a primera vista ni entusiasmo por la decisión de otorgarle el
asilo a Assange ni rechazo. Sin embargo, todos siguen con mucha atención cada
uno de los reportes sobre la reacción internacional. En las radios, en la
televisión, en la prensa escrita, se reporta minuciosamente la reacción de cada
gobierno y de cada medio internacional. La gente escucha con atención como si
les costara creer que su gobierno haya creado tal conmoción internacional. Y
que no sea por el precio del petróleo, ni del banano, ni por los conflictos con
el tráfico de drogas en relación con la vecina Colombia. Algunos abandonan su
reserva y manifiestan su orgullo como nación soberana. Otros callan.
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