América tiene los más altos índices de criminalidad y violencia

Adital.- A fin de demostrar la necesidad de cambios en las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó el informe "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". El documento llama la atención sobre el hecho de que la actuación de los gobiernos debe modificarse a fin de priorizar la prevención contra la criminalidad y la violencia en detrimento de las políticas que violan los derechos de las poblaciones.

De acuerdo con el informe, es en las Américas donde se encuentran los más altos índices de criminalidad y violencia. Tomando como ejemplo la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes, índice bastante utilizado para medir el nivel de violencia de una sociedad, la CIDH revela que los países del Caribe presentan un índice de 30/100.000, América del Sur 26/100.000, y América Central 22/100.000. Mientras tanto, en Europa se registró la tasa de 8.9/100.00, en el Sudeste Asiático 5,8/100.000 y en el Pacífico Occidental sólo 3,4/100.000.

Otro dato preocupante es que entre los más afectados por la violencia están los jóvenes con edades de entre 15 y 29 años. En esa faja etaria, la tasa de homicidios sube hasta el alarmante índice de 68,9/100.000. Estipulando por clases sociales, entre los jóvenes de familias más acomodadas, los índices caen a 21,4/100.000, en las clases media y baja la tasa sube a 87,9/100.000. Esta tendencia es universal.

El informe revela que debido a los altos índices de criminalidad y violencia la seguridad ciudadana se convirtió en una de las principales demandas de la sociedad a los gobiernos, que tienen la obligación de dar una respuesta positiva y de carácter legal. "Los Estados deben encontrar respuestas a los problemas derivados de la violencia en el marco de las herramientas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la vigencia del Estado de Derecho como pilares básicos para la superación de la pobreza y el pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas".

El informe destaca la resolución de los problemas dentro de las normas legales, pues muchas políticas de seguridad ciudadana implementadas, sobre todo en las Américas, se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera ilegal y arbitraria. Políticas como las basadas en el incremento de la presión punitiva, en la reducción de las garantías procesales, y en la reducción de la edad penal demostraron ser ineficaces y violadoras de los derechos humanos.

A fin de transformar la realidad de las Américas en lo que respecta a la criminalidad y violencia, la CIDH hace un listado de una serie de recomendaciones a los gobiernos. Entre ellas, se encuentra la necesidad de "asumir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño de políticas públicas integrales". También se sugiere la adecuación de las normas internas y del aparato estatal para asegurar a gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana.

Además, por medio del informe se sugiere específicamente acciones como combate de la impunidad, creación de planes y programas de prevención de la violencia y de la criminalidad, profesionalización de la policía, capacitación de funcionarios del Estado que actúan directamente con las víctimas de la violencia, atención especializada de las víctimas con infraestructura y atención adecuada, entre otras acciones de esencial importancia.

El informe de la CIDH termina llamando a los Estados a asumir la responsabilidad de garantizar la vida y promover la seguridad ciudadana, a fin de permitir que las poblaciones puedan "vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y por el delito".