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jueves, 22 de marzo de 2012

Guatemala y las sentencias de 7710 años de prisión.


Por: Ángel Maza López

En la guerra civil de 36 años que golpeó a Guatemala, se produjeron más de 200.000 muertos y desaparecidos, principalmente civiles e indígenas. La mayor parte de las masacres ocurrieron en el gobierno de facto de Ríos Montt. Debido a estos hechos, la presión social al interno del país y las exigencias internacionales de la Comisión de Derecho Humanos, han logrado que determinados ejecutores de las masacres sean enjuiciados y condenados por los delitos.

Los acusados asesinaron niños, violaron mujeres y torturaron hombres de todas las edades, supuestamente por apoyar grupos revolucionarios que se oponían al gobierno. Muchas de las víctimas murieron por explosión de granadas, luego los cadáveres eran quemados para  pretender ocultar sus crímenes.

Pero en agosto de 2011, un tribunal condenó a cuatro exmilitares a seis mil sesenta años (6 060) de prisión por la masacre de 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres. Luego el 12 de marzo de 2012, el militar Pedro Pimentel, fue sancionado con la misma pena por haber participado en dicha masacre.

La sentencia más elevada en años de prisión dictada en Guatemala, es la pronunciada el 20 de marzo de 2012, cuando un tribunal dirigido por la jueza Jazmín Barrios, impuso la pena de siete mil setecientos diez años de prisión (7 710) a los ex paramilitares Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, y al excomisionado militar Lucas Tecú, debido a la masacre de 256 indígenas, efectuada el 18 de julio de 1982.

Las sentencias que resultan incumplibles en su totalidad debido al número de años, obedece a que el Código Penal contempla para estos casos 30 años de prisión, que al ser multiplicados por 256 víctimas (último caso), dan un total de 7 680 años; más los 30 años impuestos por el delito de lesa humanidad, suman los 7710 años. No obstante, la misma ley penal prescribe como pena máxima de la cincuenta años (50) de prisión, en consecuencia dicha sentencia solamente tiene un significado simbólico para la población que exigió durante muchos años justicia, pero que en la realidad jamás se podría cumplir.

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