El Espectador.- La desconfianza entre los
habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó y la Fuerza Pública
es un asunto de vieja data. Desde 2004, la Corte Constitucional ha estado
pendiente de la suerte de esta zona humanitaria y, en un auto elaborado en julio
de 2012 pero apenas conocido hoy, el alto tribunal le da una orden clara al
gobierno: tiene un mes para poner en marcha “la presentación oficial de la
retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad”.
La Corte no hace referencias explícitas con
respecto a de qué se tiene que retractar el gobierno nacional, pero para sus
habitantes es claro: se trata de los señalamientos generalizados que se
hicieron en contra suya particularmente durante el mandato de Álvaro Uribe
Vélez. Señalamientos como los que él hizo cuando la masacre de San José de
Apartadó se cometió en 2005, asegurando que los habitantes de San José tenían
relación con la guerrilla. Esa masacre
de cinco adultos y tres niños –uno de ellos, una pequeña de 2 años de edad–, ha
dicho la justicia, la cometieron los paramilitares con apoyo de miembros del
Ejército.
Según el documento de la Corte, el Ministerio del
Interior tiene la misión de coordinar que dicha retractación pase, así como
éste debe presentar junto con la Defensoría del Pueblo, en un plazo no mayor a
tres meses, “un plan de prevención y protección colectivo que contribuya a la
protección de la vida, integridad, seguridad, y libertad de la comunidad de
paz, y definan de manera concertada un mecanismo que permita la adopción de
medidas de protección adecuadas que no aumenten el riesgo para la Comunidad o
sus miembros y acompañantes”.
La Corte exhorta también a la Fiscalía para que
conforme en un mes o menos una comisión, “con funcionarios de alto nivel y
capacidad de decisión”, para examinar con lupa las denuncias que han
interpuesto los miembros de la comunidad y para identificar “obstáculos que han
contribuido a la impunidad”. Además, el Ministerio del Interior y el Ministerio
de Defensa deberán establecer “un procedimiento de revisión de la aplicación de
los principios del derecho internacional humanitario que faciliten el
cumplimiento del deber constitucional de la Fuerza Pública y el respeto de los
derechos de la Comunidad de Paz”.
En el auto del alto tribunal se lee las
interacciones que han sostenido representantes de la comunidad, delegados del
Estado y la Corte como intermediaria. El Ejército, a través de voceros de la
brigada XVII, admite que la situación de violencia que ha enmarcado la región
“no ha desaparecido”, aunque los militares consideran también que las medidas
que se han tomado para respetar los derechos de la comunidad han sido
suficientes. Los miembros de San José, no obstante, reclaman: “Más que
promesas, la Comunidad quiere hechos concretos de verdad y justicia”.
