¿Al fin una luz de esperanza para los refugiados colombianos?

Por: Luis Fernando Gómez

ALAI AMLATINA.- La esperanza que clarísimamente se comienza a respirar al interior de Colombia, tras décadas de confrontación abierta entre todos los bandos armados, definitivamente está llegando a las personas víctimas del conflicto que día a día, durante los últimos 15 años vienen añorando su tierra y su gente.

Una mujer colombiana refugiada en Venezuela, al preguntársele qué significaba para ella en su situación la palabra “patria”, contuvo la respiración, cerró sus párpados para detener las lágrimas y prefirió callar. Seguramente bajo este nuevo clima que se abre en Colombia, ella y muchos otros colombianos expulsados de sus territorios se comenzarán a preguntar si existe esa patria en la cual nacieron y la que les negó la protección de sus derechos.

¿Podrán retornar esas miles de familias que, por proteger sus vidas, huyeron dejándolo todo abandonado?

Queremos desde aquí preguntarnos por las implicaciones del inicio de un proceso de negociación formal entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en relación con el panorama que se abre para los casi 460 mil colombianos que se encuentran en situación de necesidad de protección internacional en los países vecinos de la región, bien como refugiados, solicitantes o en un limbo jurídico.

Un proceso ya anunciado desde su toma de posesión como presidente

Casi desde el comienzo del gobierno del presidente Santos se comenzó un proceso de reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en particular Venezuela y Ecuador, con los que por lo menos desde el año 2007 se habían resquebrajado, gracias a una política internacional de micrófono y agresión implementada por el gobierno de Colombia durante los años 2002 al 2010.

Primero fueron las relaciones comerciales: comenzar a saldar deudas que desde Venezuela se tenían con los exportadores colombianos; luego, la discusión de temas relacionados con políticas fronterizas de integración, de cooperación militar y en otros aspectos. Finalmente, el tema de los flujos migratorios comenzó a ser tenido en cuenta en estos espacios de diálogo bilateral de los Estados. Inicialmente con acuerdos como retirar por parte del gobierno Ecuatoriano la exigencia para los colombianos que viajaran a ese país de contar con el pasado judicial refrendado por la entidad que para ese momento se llamaba Departamento de Seguridad en Colombia. Luego, el retiro del requisito de visa para que los colombianos puedan visitar la República de Venezuela.

En esta misma línea el gobierno colombiano se comprometió en aportar una muy discreta suma de 500 mil dólares para la atención de las personas refugiadas en el Ecuador. Por primera vez, el gobierno colombiano reconoció el drama de las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el extranjero y el esfuerzo, poco o mucho, que los países vecinos han hecho por atender a esta población.

La presentación, al comienzo del gobierno Santos, al Congreso de Colombia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, representó una señal en la dirección de iniciar definitivamente un proceso de construcción de la Paz desde la perspectiva de la reparación y la reconciliación. La implementación de dicha Ley lleva ya un año dentro de Colombia, y más o menos a finales del año 2011 se abrió una discusión en el marco de este proceso, sobre la situación de las víctimas que se encuentran viviendo fuera de Colombia, bien como refugiadas reconocidas por otros estados, personas con necesidad de protección internacional o muchas otras que prefirieron hacerse invisibles en los lugares de llegada.

Hemos comprobado cómo en este tema se ha partido prácticamente de cero desde el gobierno nacional. Sin embargo debe decirse que durante el primer semestre del año 2012 se han dado avances en un intento de las entidades encargadas del registro de las víctimas y de quienes deben adelantar el proceso de reparación, incluyendo la devolución de las tierras usurpadas, por aclarar el panorama, consultado con organismos y organizaciones que han trabajado con las víctimas fuera y dentro de Colombia.

Una meta personal del presidente Santos

Su abuelo fue presidente de Colombia, su familia ha participado de la vida pública del último siglo en el país, como lo hacen los príncipes en Europa en su juventud hizo parte de la fuerza naval. Él se formó en las mejores universidades del mundo, participó de la mayoría de los gobiernos colombianos en el tiempo reciente bien como ministro de hacienda, de gobierno o, al final del gobierno Uribe, siendo el ministro estrella de la cartera de defensa.

Al parecer desde siempre se preparó para gobernar al país, y como si hubiese sentido que fuera su destino, ser el presidente que lograra terminar con el Conflicto Armado y traer la paz en Colombia. Caminar hacia esa aparente meta personal,ha significado moverse hábilmente entre los partidos políticos, aliarse con disímiles líderes del país, ejecutar libretos cual actor de teatro como cuando siendo ministro de defensa atacaba al presidente venezolano Hugo Chávez y días después de ser elegido primer mandatario de los colombianos lo nombró públicamente como su nuevo mejor amigo. En definitiva ha demostrado ser un político contemporáneo en todos los sentidos que esto pueda significar hoy en día.

Independiente de cualquier consideración sobre el tipo de sociedad que desde su concepción política impulsa, su empecinamiento por conseguir con éxito un acuerdo para finalizar la confrontación armada en Colombia, parece llenar de esperanza a los más contrastantes sectores sociales del país, la región y el continente.

Una guerra que se alimenta a sí misma por factores internos y externos

Esta última guerra colombiana que se ha prolongado por más de 50 años, además de haber generado la mayor cantidad de desplazamiento forzado interno en el mundo, se ha convertido en un ciclo de no acabar puesto que se alimenta a sí misma por factores internos como los intereses en la tierra, los caudillismos regionales y el ímpetu guerrerista de algunos sectores extremos tanto a la derecha como a la izquierda.

Se nutre también de factores externos importantes tales como: el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre los Estados Unidos y otras potencias emergentes, y definitivamente las nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinarán ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.

Más que la paz, como ideal, lo que anima en este momento es la terminación de la confrontación armada. Esto permitiría avanzar en discusiones amplias dentro del país sobre los factores estructurales de la violencia y la necesidad de la inclusión de distintas posiciones de cara al país, sin ser criminalizadas como hasta ahora ha sucedido. Mientras la guerra continúe, muchísimos temas de la vida nacional seguirán siendo decididos sin mayor consulta en la lógica de un Estado de Excepción. Cabe la pregunta que se nos abre hacia el futuro: ¿qué tipo de país se fue construyendo mientras andábamos en el espejismo de la guerra frontal contra el terrorismo?

¿Existen condiciones en Colombia para que las familias y personas refugiadas regresen?

La gran pregunta que se ha puesto sobre la mesa, al pensar en el retorno de las y los colombianos que tuvieron que huir de la guerra en sus territorios y que fueron acogidos por otros países, es si existen las condiciones dentro de Colombia para que estas familias y personas regresen a sus lugares de origen. Los retornos tienen que, además de ser voluntarios y con suficiente información, contar con garantías de seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las personas, razón por la cual dejaron su país.

Es cierto, e innegable, que no se encuentra Colombia en un escenario del postconflicto, persisten los riesgos sobre la vida y tranquilidad de las personas. Los grupos armados heredados del paramilitarismo mantienen control sobre vastas zonas del territorio, aun en medio de la negociación de la paz persistirán los enfrentamientos armados. Más aun, cuando el ELN no ha iniciado formalmente un proceso de acuerdos con el gobierno nacional, por decirlo de una manera amplia: la violencia generalizada, razón fundada que reconoce la Declaración de Cartagena como motivación para solicitar protección de otro Estado, persiste en el presente.

El inicio de las conversaciones de paz plantea muchas interrogantes; el tema del retorno de las familias y personas refugiadas colombianas debe ser parte del debate.

¿Por qué la Iglesia española no hace hoy denuncia social?

Palabra moral. Cadena SER: ¿Por qué la Iglesia española no hace hoy denuncia social?

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete

Adital.- A propósito de la retirada de "la tarjeta sanitaria” a un millón de inmigrantes, y sobre todo, a los 150.000 sin papeles, o inmigrantes "irregulares”, que quedan fuera del sistema sanitario común, - salvo en situaciones de urgencia y otros extremos -, me preguntan desde la SER por qué la Iglesia Católica no se pronuncia sobre esto: ¿Es que el cristianismo, - me dicen -, no tiene una palabra moral para estos casos?

Y, ¿qué diré? Vamos a olvidarnos de ir contra el mensajero (¡la SER!) y vamos a evitarnos el recurso a la complejidad de la relación entre los valores evangélicos y los problemas sociales. Y vayamos a la respuesta de lo imprescindible:

- La iglesia católica sí denuncia y actúa en muchos de sus partícipes intermedios, pero es cierto que su representación institucional, la Conferencia Episcopal Española, en su Presidencia y Ejecutiva, está desparecida ante la dimensión social de la crisis española. En lo relativo a la denuncia de la injusticia social y de las estructuras sociales de injusticia, está desaparecida.

- ¿Las razones? Una, que esa "dirección” de la Iglesia es tan cercana en ideas sociales y en afectos personales al grupo político gobernante, que, si algo le tiene que decir, es poco y en privado.

- Segunda, la "presidencia ejecutiva” de la Iglesia española está sobrepasada por la dimensión social de la crisis. Ocupados en recomponer el lugar de la Iglesia en las sociedades laicas en términos neoconservadores, y entusiasmados por las oportunidades de lo espiritual en situaciones de desorientación cultural, la crisis social y económica los ha sobrepasado, convirtiéndolos en dirigentes anacrónicos.

- Tercera, toman el atajo de lo espiritual, pero el río de la injusticia social es demasiado ancho para pasarlo sin mojarse. Socialmente hablando, en clave de estructuras de injusticia social en España, y en Europa, la presidencia de la iglesia española, está desbordada por la realidad histórica y fuera de su tiempo.

- Cuarta, es posible que la presidencia escasamente amplia y colegiada de la iglesia española, sí sepa lo que habría que decir socialmente en este tiempo, en términos de justicia social, pero no vea forma de decirlo con ganas, porque honestamente, no es su estilo de iglesia y cristianismo, y tendrían que dejarlo.

Podríamos seguir, pero la radio y tres minutos no dan más de sí.

El Oro supera percance que dejó sin energía a la provincia

La falta de energía se registró desde las 18:40 pm del miércoles 29 de agosto, a consecuencia del derribo de la torre sobre la línea de transmisión, afectando la provincia de El Oro, parte de Azuay y Guayas. Registrado este hecho, almacenes optaron por cerrar sus puertas para evitar robos en sus localidades y en instituciones educativas  nocturnas dieron por suspendidas las labores.

En la tarde del jueves alrededor de las 15:00 horas se restableció la energía con una duración de tres horas aproximadamente mientras tanto algunos locales, almacenes e instituciones financieras se abastecían de energía proveniente de plantas a base de combustible.

Cuantiosas fueron las pérdidas económicas originadas por el desabastecimiento de energía, desde pequeños locales comerciales hasta las pequeñas industrias, puesto que no todos están dotados de motores generadores de energía. Población incluso temió por asaltos y accidentes de tránsito debido a la oscuridad y la falta de funcionamiento de los semáforos respectivamente. Además, se presentaron problemas con el abastecimiento de agua, servicio de internet y servicios telefónicos tanto móviles como convencionales.

Se supera el problema.

Gracias a las labores efectuadas por más de cien trabajadores de la empresa eléctrica, aproximadamente a las 19:20 del viernes 31 de agosto, se logró restablecer el servicio eléctrico en las poblaciones afectadas.  (Deisy)

SE IMPLANTA ARETES A GANADO VACUNO

Zamora.- El Director Provincial del Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP), Estanislao Eras, aseguró que el sistema de "aretero"  en la vacas no es para cobrar impuestos.

La autoridad indicó que el Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal (SITA), sirve para mantener una base de datos actualizada que permita canalizar acciones para programas de control sanitario y de movilización, del mismo modo permitirá un mejor manejo de los hatos (fincas), por medio de la asignación de un código mediante un arete en cada oreja del animal.

Eras, ratificó que este mecanismo de registro no tiene “ninguna finalidad de establecer cobro de impuestos a los ganaderos”, destacó que con ello se busca fortalecer los procesos de comercialización y apoyar al control del abigeato o robo, admitió que se ha tergiversado la información por parte de politiqueros, causando temor en los productores, agregó

Según el Director del Magap, hasta la fecha se han entregado alrededor de 104 mil aretes en la provincia, para lo cual se ha suscrito convenios de cooperación entre los gobiernos autónomos descentralizados y con las asociaciones de ganaderos para que se encarguen de la colocación de los aretes a los bovinos.

Aseguró que esta entrega ha sido subsidiada por el Gobierno Nacional, y que la colocación es responsabilidad de los ganaderos, para lo cual hizo un llamado a los propietarios del ganado vacuno para que efectivicen la colocación y puedan acercarse a la Dirección Provincial para solicitar los aretes, indicó Estanislado Eras.

Víctor Ochoa presidente de la Asociación de Ganaderos de Paquisha comentó que hasta el momento la colocación de los aretes no le ha representado ningún pago de impuestos, sin embargo reconoce que falta involucramiento de los ganaderos para consolidar los programas de apoyo del Magap. (Resp. Paola)

Zamora: se detuvo infractores en la carretera

Nueve conductores fueron detenidos por infringir la ley de transito; exceso de velocidad y por conducir en estado etílico en Zamora Chinchipe,  según informó la Jefatura de Tránsito de la Policía Nacional. 

El jefe de Tránsito, Darwin Briones, dijo que realizaron 10 operativos de transito en curvas y rectas de las vías principales de la provincia, durante la mañana, tarde del reciente feriado.

Entre los detenidos están dos conductores de buses de transporte público, entre ellos de una cooperativa Loja y Yantzaza, un conductor de cabezal (trailer) y los demás conductores fueron de vehículos entre taxis y camionetas de uso particular que excedieron los límites de velocidad,  indicó Briones.

Varios de los conductores detenidos salieron ayer y otros tendrán la libertad hoy, sin embargo dijo que existe hacinamiento en el calabozo del Comando de Policía y las condiciones en las que cumplen la sentencia los detenidos no son las mejores, se informó.

De esta forma, los conductores detenidos tienen tres días de cárcel, 10 puntos menos en la licencia de conducir y una multa equivalente a un salario básico unificado (292 dólares).

En este caso, los rangos de velocidad excedidos por los conductores detenidos fueron: los vehículos livianos en zona urbana 50 km/h, perimetral 90 km/h, rectas en carreteras 100 km/h, curvas en carreteras 60 km/h; los vehículos de transporte público no deben exceder en zona urbana los 40km/h, perimetral, 70km/h, rectas en carreteras 90km/h, curvas en carreteras 50 km /h y los vehículos de carga en zona urbana 40 km/h, perimetral 70 km/h, rectas en carreteras 70 km/h y curvas en carretera 40 km/h.

América tiene los más altos índices de criminalidad y violencia

Adital.- A fin de demostrar la necesidad de cambios en las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó el informe "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos". El documento llama la atención sobre el hecho de que la actuación de los gobiernos debe modificarse a fin de priorizar la prevención contra la criminalidad y la violencia en detrimento de las políticas que violan los derechos de las poblaciones.

De acuerdo con el informe, es en las Américas donde se encuentran los más altos índices de criminalidad y violencia. Tomando como ejemplo la tasa de homicidios por cada 100.00 habitantes, índice bastante utilizado para medir el nivel de violencia de una sociedad, la CIDH revela que los países del Caribe presentan un índice de 30/100.000, América del Sur 26/100.000, y América Central 22/100.000. Mientras tanto, en Europa se registró la tasa de 8.9/100.00, en el Sudeste Asiático 5,8/100.000 y en el Pacífico Occidental sólo 3,4/100.000.

Otro dato preocupante es que entre los más afectados por la violencia están los jóvenes con edades de entre 15 y 29 años. En esa faja etaria, la tasa de homicidios sube hasta el alarmante índice de 68,9/100.000. Estipulando por clases sociales, entre los jóvenes de familias más acomodadas, los índices caen a 21,4/100.000, en las clases media y baja la tasa sube a 87,9/100.000. Esta tendencia es universal.

El informe revela que debido a los altos índices de criminalidad y violencia la seguridad ciudadana se convirtió en una de las principales demandas de la sociedad a los gobiernos, que tienen la obligación de dar una respuesta positiva y de carácter legal. "Los Estados deben encontrar respuestas a los problemas derivados de la violencia en el marco de las herramientas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la vigencia del Estado de Derecho como pilares básicos para la superación de la pobreza y el pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas".

El informe destaca la resolución de los problemas dentro de las normas legales, pues muchas políticas de seguridad ciudadana implementadas, sobre todo en las Américas, se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera ilegal y arbitraria. Políticas como las basadas en el incremento de la presión punitiva, en la reducción de las garantías procesales, y en la reducción de la edad penal demostraron ser ineficaces y violadoras de los derechos humanos.

A fin de transformar la realidad de las Américas en lo que respecta a la criminalidad y violencia, la CIDH hace un listado de una serie de recomendaciones a los gobiernos. Entre ellas, se encuentra la necesidad de "asumir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño de políticas públicas integrales". También se sugiere la adecuación de las normas internas y del aparato estatal para asegurar a gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana.

Además, por medio del informe se sugiere específicamente acciones como combate de la impunidad, creación de planes y programas de prevención de la violencia y de la criminalidad, profesionalización de la policía, capacitación de funcionarios del Estado que actúan directamente con las víctimas de la violencia, atención especializada de las víctimas con infraestructura y atención adecuada, entre otras acciones de esencial importancia.

El informe de la CIDH termina llamando a los Estados a asumir la responsabilidad de garantizar la vida y promover la seguridad ciudadana, a fin de permitir que las poblaciones puedan "vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y por el delito".

REPERCUSIONES DEL ASILO POLÍTICO A ASSANGE

Por: Silvia Arana

Quito.- A nivel internacional, todavía se sienten las repercusiones del asilo político otorgado por Ecuador a Julian Assange, algo excepcional en un mundo donde nadie recuerda la noticia de ayer.

La decisión del gobierno ecuatoriano de aceptar la petición de asilo de Assange basándose en la falta de garantías de justicia para el fundador de WikiLeaks, incluso horas antes de concretarse, tuvo la virtud de generar una reacción desmesurada del gobierno de Gran Bretaña, que sobrepasando cualquier normativa diplomática envió una notificación amenazando con entrar por la fuerza en la sede diplomática de Ecuador en Londres para arrestar a Assange. Este exabrupto, en América Latina y bajo la sombra de Malvinas, fue inmediatamente rotulado de colonialista. Fue un catalizador para unir en torno al gobierno de Ecuador a todos los países de la región. El gobierno del Presidente Correa recibió el respaldo de los dos organismos latinoamericanos más poderosos: ALBA y UNASUR. De al menos una de estas instituciones forman parte Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y otros países de la región. Adelantándose a las reuniones que ambas organizaciones tendrán este fin de semana en Guayaquil para emitir una declaración de solidaridad con Ecuador, varios cancilleres de la región ya han manifestado su repudio a la postura de Gran Bretaña de amenazar con irrumpir en la sede diplomática de Ecuador.

El Departamento de Estado de EE.UU. respondió al anuncio oficial de la Cancillería ecuatoriana diciendo que “no reconoce el concepto de asilo como parte de la ley internacional” porque EE.UU. no es signatario de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Agregaron que este no es un asunto que involucre a la OEA, aunque los demás países miembros de la OEA piensen lo contrario. Afirmaron una vez más que EE.UU. no va a intervenir en el caso Assange.

La reiteración de “nosotros no tenemos nada que ver” no logra ser convincente. Demasiadas declaraciones de funcionarios y legisladores estadounidenses amenazando a WikiLeaks y a Assange con la cárcel de por vida y hasta con la pena de muerte han sido ampliamente difundidas por la prensa mundial. La razón fundamental por la que la defensa del Julian Assange considera que su cliente no puede aceptar la extradición a Suecia es porque desde allí Assange sería entregado a EE.UU. Que EE.UU. ha iniciado un juicio secreto para juzgar a Assange por espionaje y traición no es una mera especulación. Según afirma el abogado defensor de Assange, Michael Ratner (presidente emérito del internacionalmente reconocido Center for Constitutional Rights):

 1) Un gran jurado de Alexandria, Virginia, formado para investigar violaciones al Acta de Espionaje, ha incluido entre los testimonios mensajes de Twitter referidos a Assange y WikiLeaks.

2) Un agente del FBI, testigo en el caso del soldado detenido Bradley Manning dijo que los “fundadores, dueños y administradores” de WikiLeaks son objeto de investigación; y

3) El FBI ha compilado una ficha con 42.135 páginas sobre Assange.

En este contexto, los temores de Assange a ser extraditado, encarcelado y privado de todo derecho a una defensa justa en EE.UU. son considerados razonables. Y de la misma manera, la decisión de Ecuador de otorgarle asilo, es considerada una decisión humanitaria e inscripta en el marco legal delineado por el derecho internacional regulado por la Convención de Viena.

A partir de este contexto, surge una situación inédita:

Un país de América Latina se erige como defensor de los derechos humanos de un individuo frente al accionar de dos países europeos, Gran Bretaña y Suecia, que se niegan a darle garantías de que no será extraditado a Estados Unidos. Qué paradoja que una nación que hasta hace muy poco fuera catalogada como “república bananera” hoy proteja a un ícono de la libertad de expresión de la persecución de Estados Unidos.

El gobierno de Correa al otorgarle el asilo político a Assange ha abierto un frente internacional de oposición ética/moral al eje Gran Bretaña-Estados Unidos. Esta actitud de rebelión ha generado cierto estupor en los países del Norte. Aún no creen lo que han escuchado.

De la misma manera, la oposición interna a Correa, aún no ha logrado asimilar esta postura soberana frente al socio comercial más importante de Ecuador, Estados Unidos. Empresarios y ex cancilleres, entre otras figuras, han hecho las consabidas declaraciones a The Guardian, The Economist, El Comercio, etc. alertando sobre los riesgos que corre Ecuador al oponerse a los designios de Europa y Estados Unidos.

Estos llamados a la cordura, al menos en los dos días posteriores al anuncio de asilo político a Assange, han sido opacados por el impacto de la decisión gubernamental.

Esto quedó demostrado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Con 73 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra, el parlamento ecuatoriano respaldó la decisión del Ejecutivo de otorgarle asilo al creador de WikiLeaks y rechazó enérgicamente la amenaza británica de irrumpir en la sede diplomática por atentar contra la soberanía de Ecuador.

En las calles de Quito, el denominador común es la proverbial cautela de los quiteños. No se percibe a primera vista ni entusiasmo por la decisión de otorgarle el asilo a Assange ni rechazo. Sin embargo, todos siguen con mucha atención cada uno de los reportes sobre la reacción internacional. En las radios, en la televisión, en la prensa escrita, se reporta minuciosamente la reacción de cada gobierno y de cada medio internacional. La gente escucha con atención como si les costara creer que su gobierno haya creado tal conmoción internacional. Y que no sea por el precio del petróleo, ni del banano, ni por los conflictos con el tráfico de drogas en relación con la vecina Colombia. Algunos abandonan su reserva y manifiestan su orgullo como nación soberana. Otros callan.

La Organización Internacional del Trabajo solicita al Gobierno de Ecuador reintegrar a sus puestos de trabajo a trabajadores despedidos.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT.- REUNIÓN 313 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN DEL INFORME 363 DEL INFORME DEL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL

SÍNTESIS CASO 2684: QUEJA CONTRA EL GOBIERNO DEL ECUADOR PRESENTADA POR LA FETRAPEC, ISP, OSUNTRAMSA, FUT, CEOSL, CTE, CEDOCUT.

El despido intempestivo de los dirigentes sindicales de Petroecuador en junio de 2008, la revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público a partir de octubre, y la expedición de legislación contraria a la autonomía sindical y al derecho de negociación colectiva contenida en los mandatos constituyentes 02, 04 y 08 y la misma Constitución de 2008 motivó que la Federación Nacional de Trabajadores de Petroecuador – FETRAPEC presente, en diciembre de ese año, una queja ante la OIT en contra del Gobierno ecuatoriano que fue admitida a trámite por el Comité de Libertad Sindical y designada con el número de caso 2684. Posteriormente se adhirió la Internacional de Servicios Públicos - ISP y la Organización Sindical Única de los Trabajadores del Ministerio de Salud – OSUMTRAMSA.

Luego de la revisión y análisis a los documentos entregados por las organizaciones sindicales y las respuestas realizadas por el Gobierno, el Comité de Libertad Sindical en junio de 2009,  emitió el informe 354 que fue aprobado por el Consejo de Administración durante la Conferencia Internacional del Trabajo.

Del contenido de este informe sobre el caso 2684, se establece las violaciones a los términos de los convenios 87, sobre Libertad Sindical y Derecho de Sindicación; y 98, sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, que se venían produciendo en el Ecuador por iniciativa del Gobierno ecuatoriano y por la promulgación de legislación contraria a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores del sector público. Verificada esta situación, el Comité realizó duras observaciones al Gobierno y emitió 7 recomendaciones que principalmente están dirigidas a solicitar a las autoridades la anulación de la revisión unilateral de los contratos colectivos del los trabajadores del sector público, así como de los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que propiciaron esa revisión. Recomienda también que se restaure el derecho de negociación colectiva, porque su omisión afecta las condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores y que cualquier discrepancia sea resuelta a través del diálogo social y el acuerdo directo entre las partes, para arribar a soluciones compartidas; es decir no a través de la discrecionalidad e imposición gubernamental.

Continuando con el examen de este caso, en junio de 2009 el FUT y sus 3 confederaciones: CEDOCUT, CEOSL y CTE, presentaron una nueva queja por las mismas razones, que fue agregada al proceso del caso 2684 por el Comité de Libertad Sindical.

Posteriormente las organizaciones sindicales han ido aportando nuevas pruebas de las afectaciones a la Libertad Sindical en el Ecuador que dan cuenta de un proceso sistemático de violaciones que conducen peligrosamente no sólo a anular los derechos de negociación colectiva y huelga, sino el de sindicalización colocando en entre dicho  la existencia y sobrevivencia de las organizaciones en el sector público. En especial por la absurda clasificación de los trabajadores en servidores y obreros, porque a través de este división social del trabajo, únicamente los obreros, y eso de manera limitada y restringida, podrían tener acceso al ejercicio de derechos sindicales.

Con esta intención se promulgaron los decretos ejecutivos 1701 de abril de 2009 y 225 de enero de 2010. Este último utilizado por el Gobierno para hacerlo aparecer como ejemplo del diálogo con las centrales sindicales, y asumido, erróneamente, por ciertos dirigentes como la posibilidad de recuperar algunos derechos conculcados en el 1701; lo cual fue reseñado en una comunicación enviada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos del Sector Público y en otra de la FETRAPEC, en la que además se alerta sobre los despidos masivos arbitrarios en el sector público. Lo sostenido por estas organizaciones, se pudo confirmar luego con la comunicación enviada por el mismo FUT a la OIT en junio de 2010, en la que indica que se irrespetó lo convenido en el decreto 225 con la promulgación del acuerdo 080 de 30 de abril de 2010 del Ministerio de Relaciones Laborales, que fija los techos de negociación colectiva en forma irregular y discriminatoria.

Luego se expidieron las leyes orgánicas de Empresas Públicas (octubre de 2009) y de Servicio Público (septiembre de 2010), en cuyo contenido también se repiten los perjuicios descritos.

El informe recoge además la denuncia por violación al convenio colectivo que fue presentada por los trabajadores de PETROINDUSTRIAL que se acogieron al retiro voluntario;  y, otra de la CTE  por el visto bueno y acusación de sabotaje y terrorismo de 22 trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador con sede en Guayaquil, por el reclamo que realizaron por el cumplimiento de la contratación colectiva vigente.

De su parte el Gobierno, frente a los requerimientos de información realizados por la OIT, envió respuestas en comunicaciones de junio y diciembre de 2009 y octubre de 2010 en las que justifica todo lo actuado, respaldado supuestamente en su aceptación popular.

Frente a la afirmación del Gobierno y sus autoridades que las organizaciones sindicales de Petroecuador ya no existen porque hay una nueva empresa, El Comité le recuerda - lo cual es aplicable de manera general -, que en virtud del convenio 87 las organizaciones de trabajadores sólo pueden disolverse de manera voluntaria o por vía judicial; además cuestiona la retención indebida por parte de la Empresa de las cuotas sindicales de los trabajadores, que fueron enviadas luego al Ministerio de Relaciones Laborales y no a sus legítimos dueños, las organizaciones sindicales.

En su reunión 313 del 15 al 30 de marzo de 2012, el Consejo de Administración de la OIT aprobó el informe 363 elaborado por el Comité de Libertad Sindical en el que, en continuación al caso 2684 establece las siguientes recomendaciones:

a) El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se devuelvan de inmediato las cuotas sindicales a los trabajadores afiliados a la FETRAPEC y que le mantenga informado al respecto. Además, el Comité pide al Gobierno que promueva sin demora el inicio de discusiones entre la FETRAPEC y la empresa con miras a un reconocimiento de la organización sindical;

b) En relación con el despido de los cuatro dirigentes sindicales (Sres. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay y Diego Cano Molestina), el Comité pide al Gobierno que promueva el inicio de discusiones entre la FETRAPEC y la empresa con miras al reintegro de estos dirigentes. El Comité estima que la FETRAPEC, como organización representativa, tiene legitimidad para existir y representar a sus miembros. No obstante, el Comité considera también que los estatutos de esta organización no deberían ignorar la existencia de una nueva empresa pública y que dicha organización debería realizar elecciones sindicales teniendo en cuenta que ya no existen las cuatro filiales anteriores. Por último, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se devuelvan de inmediato las cuotas sindicales a los trabajadores y que le mantenga informado al respecto;

c) El Comité pide una vez más al Gobierno que anule los mencionados acuerdos ministeriales y sus efectos ya que violan gravemente el principio de negociación colectiva libre y voluntaria consagrado por el Convenio núm. 98, así como que indique si el Mandato Constituyente núm. 008 es compatible con un control exclusivamente judicial del carácter abusivo que puedan tener determinadas cláusulas de los contratos colectivos en el sector público;

d) El Comité pide al Gobierno que siga impulsando el diálogo con las organizaciones sindicales representativas y que le mantenga informado de la evolución de la situación, en particular de las reuniones con los representantes sindicales y de los trabajos del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). El Comité reitera además sus anteriores conclusiones y pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se anulen o modifiquen los mencionados acuerdos ministeriales y que le mantenga informado al respecto;

e) En relación con los alegados despidos masivos que tuvieron lugar en la empresa E.P. PETROECUADOR en 2009 y 2010, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora informaciones detalladas sobre estos alegatos y sus observaciones sobre el alegado carácter antisindical de los despidos;

f) Sin poner en cuestión los plazos límite y las reglas nacionales de prescripción mencionados por el Gobierno, el Comité destaca la importancia de las cuestiones planteadas — violación del convenio colectivo vigente e indemnización no conforme — y pide al Gobierno que promueva el diálogo entre la CTE y la empresa con miras a encontrar una solución a este conflicto, y

g) En relación con los alegados despidos de la unidad eléctrica de Guayaquil y los juicios penales en curso contra los trabajadores, el Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya respondido y le urge a que lo haga sin demora.

ECUADOR NOTICIAS